UN TEMA YA TOCADO Y NO ATENDIDO.

Hace un mes atras, habia escrito sobre el espionaje telefonico del cual fui victima por parte del estado dominicano, al parecer los comentarios de este blog el cual redacto desde Treviso, Italia en donde vivo de hace dos años, ha hecho alguna mella o inquietado puntos sensibles a algunos funcionarios del gobierno dominicano, algunas veces la linea de mi blog era interferida y muchas veces los emails o comentarios llenos de scripts conteniendo virus de alto poder que varias veces hicieron daños en mis computadoras y archivos, los cuales gracias a Dios guardo en impreso despues de digitalizarlos, asi no pierdo ninguna informaciòn. En el dia de hoy, un abogado dominicano residente en nueva york, eleva una queja ante el secretario de comunicaiones del gobierno dominicano. Pues para enfrentarlos he comprado un costosisimo y complejo sistema de seguridad informatica, ya que los ataques no cesaban, ahora ni cuenta me doy ya que pude hasta rastrear los IPS o proveedores de servicios informaticos de Internet, resultando que el hackeo provenia desde la Republica Dominicana, desde las instancias militares de los departamentos de inteligencia, los cuales niegan los hechos, aun cuando las pruebas vienen presentadas. Aqui les dejo la carta del abogado Andres Manuel Aranda, la cual va dirigida a este funcionario al respecto sobre el espionaje telefonico e informatico, por el cual cientos de ciudadanos estan siendo interferidos ilegalmente a nivel internacional. Inclusive quien escribe.

El siguiente es el texto de una carta pública que una oficina de abogados radicada en Miami envió al director del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) en la que reclama acciones contra el espionaje telefónico, un delito que -a su juicio- se comete en la República Dominicana. La carta le fue entregada al cónsul dominicano en Nueva York, Eduardo Selman, quien acusó recibo de la misma.

Dr. Jose Rafael Vargas
Secretario de Estado,
Presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones,
Su despacho,
Santo Domingo,
Republica Dominicana.

El suscrito, abogado de origen dominicano, con oficinas y licencia para ejercer en el estado de New York, residente en la denominada cuidad capital del mundo, ha recibido en el curso de años recientes no pocas quejas acerca de las violaciones de que son objeto los ciudadanos dominicanos por parte de un individuo a quien comprobamos que custodian militares de las diferentes ramas de las fuerzas armadas dominicanas.

Disponemos de fotografías que dan fe de esto último, así como también de pruebas irrefutables de que este ciudadano, con un muy abundante historial grafico en la prensa del país, se ha dedicado a interceptar, espiar y grabar llamadas telefonicas de terceros, actividades llevadas a cabo en violación con la Constitución de la República Dominicana, tratados internacionales de los que el país es signatario, y de leyes ordinarias que penalizan actividades tan bochornosas y que por demás vulneran los derechos fundamentales de sus conciudadanos.

Ese oficio constituye sin lugar a dudas una falta ética y un abuso injustificable, agravado por el propósito predominante, que no es otro que el de enriquecerse como lo ha logrado, a expensas del estupro al secreto de las telecomunicaciones.

Es nuestro deber hacer notar que comprendemos la necesidad de cada pais de ejercer su derecho a manejar sus asuntos de inteligencia como crea conveniente hacerlo, mas no contraviniendo su propia ley sustantiva, ordinaria, mucho menos vulnerando los derechos civiles universalmente consagrados y rechazamos de plano el objetivo repugnante de lucrarse manejando como mercancia o como objeto de subordinaciones, la vida y actividad privada de los individuos y de las empresas en territorio dominicano.

Por su elevadísimo conducto, que creemos es el institucional, solicitamos al gobierno dominicano presidido y vice-presidido por dos abogados que juraron ante magna asamblea el día de su toma de posesión el 16 de Agosto del ano 2004, y que habrán igualmente de comprometerse a lo mismo el próximo 16 de Agosto como autoridades reelectas, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes de la República y los tratados internacionales en materia que resguardan los derechos humanos.

Por tanto, le solicitamos al Ministerio Público de la República Dominicana por vuestra via, una formal investigación y sometimiento a la Justicia del Dr. Francisco Buenaventura Cabral Calcagno, al tiempo que le sugerimos hacer una auditoria de las ultimas diez liquidaciones de tributación personal del Dr. Cabral Calcagno y de los demas integrantes de su familia, ante la Direccion General de Impuestos Internos de manera que puedan ustedes darse cuenta de la enorme diferencia existente entre sus ingresos y contribuciones respecto a sus egresos, lujosos bienes y sus elevadismos estandares de vida.

Antes de proceder frente a los organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los derechos humanos, capítulos de la ONU, OEA, American Human Rigths Watch, Transparency International, la Organizacion Internacional del Trabajo, la Organizacion Mundial del Comercio, el Parlamento Canadiense, Los Congresos de los Estados Unidos de America, Francia y de Mexico, entre muchos otros, incluyendo las cortes federales, formulamos este requerimiento, habidas cuentas de que los servicios telefónicos eran y siguen siendo manejados por corporaciones de origen Canadiense, Norteamericano y ahora Frances y Mexicano, donde este tipo de ilegalidad no es permitida sin orden de un juez que la justifique, y que por demás tenga un soporte real que sirva para la investigacion de determinados crimines considerados graves.Nunca para derivar negocios y lucrar de las informaciones obtenidas mediante esta denigrante actividad.Tampoco para agenciarse marionetas que por temor a ser conocidos en la intimidad sirvan de manera incondicional a los intereses particulares del susodicho en perjuicio del interes nacional o colectivo.


Estas compañías telefonicas nacionales e internacionales que se habrían hecho cómplices al no iniciar una sola gestión legal que detuviese la práctica ilegal y arbitraria por mas de tres decadas, perpetradas por este sujeto que asegura contar con el patrocinio del gobierno dominicano, y que se jacta entre sus allegados de que todos los entes y entidades importantes en el país se mantienen bajo su orbita de poder.

Les estamos brindando esta oportunidad antes de actuar en virtud de que nuestro origen es dominicano y no procuramos escandalos sino justicia, de manera que en un plazo no mayor a los 30 días puedan ustedes concurrir a una conciliacion de las informaciones en nuestro poder respecto a este aberrante hecho. De no obtemperar, nos veremos obligados a dar parte de lo aquí expuesto ante los foros previamente señalados, y si fuera necesario, a las cortes federales dada la enorme responsabilidad jurídica que acarrean las corporaciones foraneas, sus propietarios y ejecutivos que por tanto tiempo han sido cómplices al permitir violaciones a las leyes y los derechos humanos que de seguro serán de gran interés para las autoridades que norman las actividades de estos gigantes corporativos y su comportamiento en el manejo de sus negocios en el extranjero.

Sin otro tema que tratar por el momento nos despedimos de usted con el mayor sentimiento de respeto y consideración,