El Gobierno italiano ha decidido limitar el número de alumnos extranjeros en todos los cursos de la enseñanza obligatoria. A partir del próximo año escolar, los estudiantes foráneos no podrán superar el 30% del total de sus clases, según la recomendación enviada a las escuelas por el ministerio de Educación. El límite se implantará de forma gradual, desde los primeros cursos de primaria y de secundaria. Según la ministra de Educación, Mariastella Gelmini, la medida se toma para favorecer la "integración", porque gracias a ese límite se evitará la formación de "clases-gueto formadas sólo por alumnos extranjeros".
La ministra considera que "la presencia de extranjeros en la escuela italiana, a menudo concentrada en algunas clases, no es ciertamente un problema de racismo sino una cuestión didáctica". A su juicio, "lo saben bien las madres que ven las clases de sus hijos avanzar a dos velocidades". El ministerio se compromete, aunque sin dar cifras, a dar más recursos financieros a los colegios con un número más elevado de extranjeros, y a los que tengan que poner en marcha clases adicionales para reforzar las competencias lingüísticas de los alumnos. El tope del 30% podrá elevarse o reducirse en función del nivel en lengua y cultura italiana que tengan los alumnos inmigrantes.
"El colegio tiene que ser un lugar de integración", insistió Gelmini, quien asegura que las escuelas están "preparadas para acoger a todas las culturas y niños del mundo". "Al mismo tiempo, la escuela italiana debe mantener con orgullo las propias tradiciones históricas y enseñar la cultura de nuestro país", añadió.
El Partido Democrático, principal grupo de oposición, juzga "justa" la preocupación de evitar las "clases-gueto", pero cree que el techo del 30% no resolverá el problema. Según la diputada Livia Turco, los colegios y los profesores necesitan "financiación extraordinaria" para dar cursos extra de lengua y cultura y fomentar la relación con las familias inmigrantes para que la escuela sea realmente "intercultural".
El más crítico con la decisión es el líder de Italia de los Valores, Antonio di Pietro, que calificó la propuesta como "peligrosa y racista". "Es peligrosa porque en nombre de la salvaguardia de la especie y la identidad nacional, en el pasado [el fascismo] hemos cometido bárbaras atrocidades".
La norma parece pensada sobre todo para aplacar las quejas del próspero norte del país, donde la Liga del Norte impone cada vez más sus criterios xenófobos ante la presencia creciente de inmigrantes. La Liga ha lanzado la idea de dar las clases oficiales en dialecto, y reclama aulas separadas para los extranjeros. Ayer, la formación padana aplaudió la medida de Educación, y aseguró que era una pretensión suya.
Las cifras del sindicato CGIL indican que el número de alumnos extranjeros en las aulas italianas no supera el 7% del total. En el curso 2008-2009, hubo 650.000 alumnos no italianos matriculados, procedentes de 150 países. Estos datos son engañosos, ya que los hijos de inmigrantes nacidos en Italia no pueden acceder a la nacionalidad hasta los 18 años, en virtud de la ley de ciudadanía, hoy en discusión.
En Cataluña, la Generalitat ha aprobado por ley que los centros no puedan superar un nivel máximo de inmigrantes y que si se rebasa deberán distribuirse por otros centros de la zona. Falta concretar el porcentaje máximo a través de un decreto.
Por otro lado, Varios centenares de inmigrantes africanos, jóvenes temporeros contratados por los agricultores locales para recoger naranjas y mandarinas, llevan 18 horas de revuelta en Rosarno (Calabria). La rebelión comenzó el jueves al caer la tarde, después de que dos temporeros -un nigeriano sin documentos y un refugiado político originario de Togo- resultaran heridos leves por los disparos de una pistola de aire comprimido realizados por dos vecinos sin motivo aparente. El balance provisional es de 34 heridos, ocho detenidos y varios contusionados. Esta tarde dos inmigrantes africanos han sido ingresados en el hospital al ser tiroteados en las piernas. Y en el mismo tema, La rica zona agrícola de la Piana (llanura) de Rosarno, al norte de Reggio Calabria, está dominada por empresas vinculadas a la 'Ndrangheta, la poderosa mafia local. Los cerca de 3.000 trabajadores que se calcula están ahora en la región viven en condiciones inhumanas, en silos o fábricas abandonadas, sin baños ni camas, y son reclutados por los capataces de las 'ndrine, las bandas mafiosas que poseen la tierra. Los caporales locales eligen a los trabajadores más fuertes al amanecer, como si fuera un mercado de ganado, según cuenta un reportaje de La Repubblica. El jornal es de 20 euros diarios, y la jornada dura entre 12 y 14 horas. Los elegidos deben además pagar unpizzo (comisión) de cinco euros a quienes les reclutan. Los temporeros proceden, en su mayor parte, de África central y del Magreb, y casi todos han llegado a Italia en barcones a través de la isla siciliana de Lampedusa. Ghana, Senegal, Togo, Sudán, Marruecos, Costa de Marfil, Mauritania, Nigeria, Congo... Desde principios de los años noventa, los miserables recorren las regiones del sur de la bota, de Sicilia a Puglia, Calabria y Campania, siguiendo las temporadas de las cosechas. Hace dos años, ya se produjeron incidentes similares en Rosarno, y poco después, en Castelvolturno (Campania), grupos de inmigrantes africanos se enfrentaron a la Camorra tras el asesinato a tiros de varios compañeros. Sigue la tensión El jueves, la rabia de los desheredados explotó tras el ataque de dos italianos armados con pistolas de aire comprimido. Los temporeros marcharon por la carretera que une los campos de naranjas con el pueblo, voltearon coches, quemaron contenedores de basura y atacaron con palos y piedras a algunos vehículos. Hoy, la tensión sigue siendo muy alta. Los vecinos calabreses han pasado al contraataque y han intentado linchar a algunos trabajadores que marchaban hacia el ayuntamiento para pedir al alcalde mejores condiciones de vida y el fin de la violencia. "Necesitamos protección", ha dicho Siski, un inmigrante de 25 años, "porque sufrimos continuamente actos de violencia racista". Unos 300 policías antidisturbios, llegados de ciudades cercanas, intentan evitar los choques entre unos 700 inmigrantes y unos 300 vecinos. Entre los heridos, 14 pertenecen a la comunidad inmigrante y 18 a las fuerzas del orden. Un ciudadano local, Giuseppe Bono, de 38 años, ha sido detenido por intentar atacar a los africanos con un tractor. Jóvenes locales, preparados para la guerrilla, permanecen apostados en el centro del pueblo. Las televisiones han contado que en las calles de Rosarno se vive un clima de "caza al negro". Todas las tiendas están cerradas, ha habido disparos al aire y varios periodistas llegados al lugar han sido atacados por vecinos que no querían testigos. La vendetta ha estallado después de que se extendiera el falso rumor de que una mujer supuestamente agredida por los africanos estaba embarazada y había perdido el niño. Críticas y condenas El ministro del Interior, Roberto Maroni, ha comentado lo ocurrido afirmando que "Italia ha sido demasiado tolerante con la inmigración clandestina en los últimos años". "En Rosarno", ha explicado, "se vive una situación difícil como en otros sitios, porque en todos estos años se ha tolerado, sin hacer nada eficaz, una inmigración clandestina que ha alimentado por una parte la criminalidad y por otra ha generado una situación de fuerte degradación". El comentario del dirigente de la Liga del Norte ha sido censurado por el líder de la oposición, Pierluigi Bersani, pero la crítica más ácida ha surgido dentro de la mayoría. La revista Ffmagazine, cercana a la Fundación Farefuturo, de Gianfranco Fini, ha afirmado: "En Italia existe la esclavitud, y un Estado cívico, moderno y democrático no puede tolerar que miles de personas vivan en la indigencia más absoluta". La Conferencia Episcopal Italiana ha condenado "los actos de violencia y la situación de extrema dificultad que viven los inmigrantes, sin ayuda ni humana ni económica". El episodio representa un "signo de intolerancia y de degradación humana", ha señalado Bruno Schettino, presidente de la comisión episcopal para las Migraciones. Adversidades Burocraticas del inmigrante en Italia. Unos 300 inmigrantes africanos y varios activistas de derechos humanos, entre ellos Shukri Said, italiana de origen somalí y colaboradora de las páginas de opinión de EL PAÍS, se han puesto en huelga de hambre en Italia para reclamar al Gobierno que renueve los permisos de residencia a los ciudadanos extranjeros en el plazo de 20 días que marca la ley. Desde que el año pasado se aprobó el polémicoPaquete de Seguridad ideado por la Liga del Norte, que convirtió en delito la inmigración clandestina e introdujo numerosas medidas restrictivas contra los inmigrantes, los trámites de los documentos de residencia se han alargado y complicado hasta límites desesperantes. Gustavo Ñaubari, peruano y empleado doméstico, residente desde hace ocho años en el país, lleva cuatro meses esperando su nuevo permiso. Aparte de que le han cambiado el apellido, porque la ñ no figura en los teclados italianos, su experiencia está siendo un calvario. Aunque trabaja legalmente, es un sin papeles temporal. "Vas a Correos, entregas los documentos, pagas 72,50 euros, y ellos te dan un recibo postal y te dicen que te llamarán para tomarte las huellas", explica. "El problema es que tardan mucho tiempo, y mientras tanto no puedes viajar ni hacer ninguna gestión porque tienes todos los papeles caducados: el viejo permiso, la tarjeta sanitaria, el código fiscal...". La renovación tarda hoy entre siete meses y un año. Shukri Said, secretaria de la Asociación Migrare, achaca las trabas a una estrategia deliberada del Gobierno. "Hace 20 años pasabas una noche en la cola y tenías tu permiso renovado. Luego, con la ley Bossi-Fini, el plazo se amplió a 20 días. Ahora, con las oficinas informatizadas, tienen a la gente meses en vilo con un papelito que no sirve para nada. Es un escándalo que el Estado trate así a gente que en muchos casos lleva 20 años en Italia. Es un método macabro y xenófobo, destinado a humillar a los inmigrantes y a poner sus documentos y derechos bajo secuestro temporal", afirma. La protesta la inició el pasado 13 de diciembre Gaoussou Ouattara, dirigente africano de los Radicales de Marco Pannella y Emma Bonino, la vicepresidenta del Senado y desde ayer candidata a la región de Lazio para las elecciones de marzo. La oposición del Partido Democrático, inmersa en sus habituales querellas internas, no ha abierto la boca. El ministro del Interior, Roberto Maroni, tampoco. Una comisión de huelguistas ha sido recibida en el Ministerio de Administración Pública; solamente han recibido, aseguran, "buenas palabras y ninguna solución". El resumen de Roberto Malini, director de la ONG EveryOne, es que "las leyes raciales redactadas por la Liga del Norte han calado a fondo en las instituciones y empiezan a mostrar sus peores efectos". Las organizaciones de inmigrantes señalan que la primera consecuencia del Paquete de Seguridad ha sido el aumento del miedo entre los extranjeros, legales e ilegales. "Miedo a caer en la ilegalidad, en la deportación y en los centros de identificación y expulsión, en los que ha habido ya varios casos de suicidios y maltratos", dice Said. "La persecución oficial, el hambre y el frío están golpeando sin cesar a los sin papeles y los gitanos", afirma Malini, que cita la muerte del líder paquistaní Sher Khan a causa del frío el mes pasado en Roma y los incesantes desalojos de los campamentos de gitanos, denunciados como ilegales por Amnistía Internacional. En ayunas desde el pasado 1 de enero, Shukri Said pierde peso pero no el humor, y se dice estar dispuesta a llegar al final. "Es ilusorio pensar que un ayuno doblegue a una burocracia tan perversa, pero sólo pedimos al ministro Maroni que respete la ley del Estado tanto como él pretende que la respeten los inmigrantes", afirma.
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