ESTADO DE DERECHO O ESTADO DEL PODER.

El fallo de la suprema corte de justicia de la República Dominicana, es una muestra del autoritarismo del poder político en la justicia dominicana. El caso de la Sun Land es el ejemplo claro de la arrogancia, prepotencia, abuso del poder y manipulación del estado el partido de gobierno y sus miembros ejercen sobre el poder judicial. Nosotros como pueblo, no somos nadie, ni tenemos quien los defienda ante la aplastante y poderosa maquinaria de corrupción que ha destronado los principios éticos y los valores morales de nuestros patriotas y de nuestra constitución. Cuando los jueces de la suprema corte declaran inadmisible la sentencia contra los implicados en esta estafa, se da por hecho, que este pobre pueblo no tiene madre ni padre que lo defienda, que no somos nadie, ni podemos siquiera protestar, aún cuando la evidencia es clara, es decir que nuestros propios jueces nos dicen en nuestra cara, quien no tenemos calidad moral para querellarnos contra este robo. Creo que llegado el momento en que el pueblo se movilice de cualquier modo, para sacar de la suprema corte de justicia a los jueces que arrogantemente dictaron esta sentencia, elegir nuevos jueces depurados por un comité de ética apolítica, libre de ataduras y compromisos fuerzas del poder o de cualquier sector de poder. Si hacemos esta revolución moral que pide a gritos la patria. Podremos salvar nuestra nación de la debacle en que estamos en estos momentos, el efecto dominó que se ve a leguas, es la visión apocalíptica de una nación, que una vez vivió en un estado de derecho y hoy vive bajo la sombra del poder. Los próximos cinco puntos que leerán a continuación, son para el análisis de todos, esperando que algún día, nos pongamos los pantalones y actuemos como debemos actuar tantos años otras. Si un periodista en Irak le lanzó sus zapatos al presidente de los Estados Unidos de América, yo espero que el pueblo vaya preparando los huevos podridos contra estos jueces, acción es lo que nuestro pueblo necesita para salir del caos y la oscuridad en que los ha cubierto la corrupción a todos los niveles del estado.

1. El más alto tribunal está dividido políticamente, entre los que no quieren lesionar los intereses del Poder Ejecutivo y los que entienden que es más importante la majestuosidad de la ley y la Constitución de la República. En este sentido hay que destacar el voto disidente de los magistrados Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Bergés de Farray y Julio Aníbal Suárez.

2. El tribunal, a sabiendas de que sus sentencias crean jurisprudencia, decidió dar un paso hacia atrás para cambiar la conceptualización sobre "parte interesada", que antes se aplicaba a los ciudadanos y las organizaciones que se sintieran afectadas, como fue el caso de Participación Ciudadana y Finjus, quienes sometieron el recurso de inconstitucionalidad sobre la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ese concepto es diferente y se aplica solamente a las instancias que hubiesen sido lesionadas directamente en sus actuaciones. Si el presidente de la República no envió los endeudamientos al Congreso, serían únicamente sus presidentes quienes tendrían potestad, como "parte interesada", de someter los recursos de inconstitucionalidad. Por esa razón no se aceptaron las peticiones del Foro Social Alternativo y del Partido Revolucionario Dominicano.

3. La sentencia admite que el gobierno falló en el procedimiento utilizado. Aunque recurre al sofisma de que no entró al fondo de la violación planteada, sino que se quedó en las calidades de los demandantes, el texto dice expresamente que "el Poder Ejecutivo estaba en el deber ineludible de someter el acto impugnado a la sanción del Congreso Nacional, de conformidad con nuestra normativa constitucional..".

4. Finalmente, queda la duda sobre la responsabilidad de lo ocurrido y sus consecuencias: no hay violación de la Constitución, y por tanto es dable utilizar recursos enmarañados para endeudar el país sin pasar por el Congreso Nacional.

La lección que deja esta sentencia pone de relieve nuevamente si algunas vez tendremos la posibilidad de proclamar una revolución moral, tal como anunció el presidente Leonel Fernández. Es oportuna una reflexión sobre si ciertamente hace falta un nuevo liderazgo en la Suprema Corte de Justicia, como ha dicho el magistrado Jorge Subero Isa, y si algunas vez el soberano, que es pueblo dominicano, tendrá la posibilidad de encontrar autoridades que le representen sin dobleces.